Para impulsar la revolución, no basta sólo con desarrollar ideas, una revisión constante y permanente del avance de las mismas, ayudará a optimizar los procesos y con ello la consecución de los objetivos.
Sin embargo, vemos con frecuencia, que en el proceso revolucionario todo esta compuesto por ideas, ideas que componen una visión y con ello la planificación de proyectos que consoliden, los fines de ese ideario, como es el bien común, bajo un sistema que garantice la mayor suma de felicidad posible.
Esta apreciación aunque parezca sencilla, necesita de algunos elementos fundamentales, la fortaleza ideológica es uno de ellos, cada servidor público durante la ejecución de las tareas, debe tener claro la responsabilidad política en la toma de decisiones, y si las mismas determinan el bienestar de un colectivo, será necesario utilizar, la participación para que el equipo o colectivo se sienta responsable de los compromisos asumidos.
En todo espacio de la revolución, primero es necesario, evaluar quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad mediante la toma de decisiones colectivas, pues la amenaza de la legislación siempre está presente sobre todo en aquellos funcionarios que califican de atrasados los proceso participativos para la toma de decisiones.
Los compromisos asumidos, por un servidor público, no es más que la disciplina de subordinarse a la constitución y a los lineamientos emanados del Plan Nacional Simón Bolívar.
Desde los ministerios e instituciones, los servidores públicos junto al poder popular integrado por los movimientos sociales, es necesario que fortalezcan la revolución y, con las jornadas de trabajo voluntario, que no es más que la recuperación de los espacios para la transformación socio-cultural, es la oportunidad para entregar a los consejos comunales y demás formas de organización comunitarias, espacios para la discusión colectiva y permanente de la realidad política, que vaya de la mano con el debate de las formas de solución de sus necesidades y, de como integrarse en el desarrollo endógeno de las comunidades.
La situación es clara, un servidor público en la ejecución de las tareas -que pueden definirse como tareas integrales o tomas de decisiones para la ejecución de una actividad especifica pero que no dejan de considerarse como tal desde lo elemental-, representa una gestión del gobierno, por lo tanto los servidores públicos deben concebirlo de esta manera.
Las decisiones o tareas, deben ser monitoreadas, es un deber evaluar cómo se han de ejecutar las mismas. De lo contrario simplemente pasamos a ser tareistas de turno, refiriéndome a este último término como un elemento que se encuentra subordinado a las diversas actividades del quehacer revolucionario, pero que, en su esencia, no genera los productos necesarios para fortalecer ideológicamente la revolución.
Sin embargo, vemos con frecuencia, que en el proceso revolucionario todo esta compuesto por ideas, ideas que componen una visión y con ello la planificación de proyectos que consoliden, los fines de ese ideario, como es el bien común, bajo un sistema que garantice la mayor suma de felicidad posible.
Esta apreciación aunque parezca sencilla, necesita de algunos elementos fundamentales, la fortaleza ideológica es uno de ellos, cada servidor público durante la ejecución de las tareas, debe tener claro la responsabilidad política en la toma de decisiones, y si las mismas determinan el bienestar de un colectivo, será necesario utilizar, la participación para que el equipo o colectivo se sienta responsable de los compromisos asumidos.
En todo espacio de la revolución, primero es necesario, evaluar quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad mediante la toma de decisiones colectivas, pues la amenaza de la legislación siempre está presente sobre todo en aquellos funcionarios que califican de atrasados los proceso participativos para la toma de decisiones.
Los compromisos asumidos, por un servidor público, no es más que la disciplina de subordinarse a la constitución y a los lineamientos emanados del Plan Nacional Simón Bolívar.
Desde los ministerios e instituciones, los servidores públicos junto al poder popular integrado por los movimientos sociales, es necesario que fortalezcan la revolución y, con las jornadas de trabajo voluntario, que no es más que la recuperación de los espacios para la transformación socio-cultural, es la oportunidad para entregar a los consejos comunales y demás formas de organización comunitarias, espacios para la discusión colectiva y permanente de la realidad política, que vaya de la mano con el debate de las formas de solución de sus necesidades y, de como integrarse en el desarrollo endógeno de las comunidades.
La situación es clara, un servidor público en la ejecución de las tareas -que pueden definirse como tareas integrales o tomas de decisiones para la ejecución de una actividad especifica pero que no dejan de considerarse como tal desde lo elemental-, representa una gestión del gobierno, por lo tanto los servidores públicos deben concebirlo de esta manera.
Las decisiones o tareas, deben ser monitoreadas, es un deber evaluar cómo se han de ejecutar las mismas. De lo contrario simplemente pasamos a ser tareistas de turno, refiriéndome a este último término como un elemento que se encuentra subordinado a las diversas actividades del quehacer revolucionario, pero que, en su esencia, no genera los productos necesarios para fortalecer ideológicamente la revolución.
LEONARDO CANTILLO
leonardocantillo@gmail.com
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